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Radiografía del acceso a salud en las cárceles durante la pandemia

El complicado esquema con el que se contrata en el sistema penitenciario ha llevado a que el Inpec advierta “falencias” en el servicio. A algunos médicos y enfermeras les deben sus salarios y en cinco cárceles no hay un solo profesional de la salud

En la cárcel de Villavicencio, epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus en las prisiones, hay 1.773 reclusos y 657 casos de contagio confirmados —a corte de ayer martes— según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), pero en el área de Sanidad solo trabajan dos personas: una enfermera y una auxiliar de enfermería. Ambas contrajeron COVID-19 en las últimas semanas, con lo cual los internos de este penal denuncian que pasaron de tener una asistencia médica precaria a no tener. La pandemia ya ha llegado a otros cinco establecimientos y el complicado panorama se replica en todos, que con más de 600 contagios suman el 8,2 % de los casos de esta enfermedad en el país.

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Según datos obtenidos por la ONG Temblores y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), el Inpec dispone de 512 enfermeras y auxiliares de enfermería en todo el país, para atender a los más de 117.000 personas privadas de la libertad que hay en los 132 centros de reclusión que custodia esta entidad. La situación se agrava en los centros de reclusión a los que ya llegó el COVID-19: La Picota, en Bogotá, reporta que cuenta con 13 profesionales de la salud; Las Heliconias, en Florencia (Caquetá) con siete; Leticia (Amazonas) con dos; Picaleña, en Ibagué, dice tener 15 y La Esperanza en Guaduas (Cundinamarca), 13.

Es decir, una enfermera en una cárcel, en promedio, debe atender a 229 reclusos. Sin embargo, el Inpec omitió responderles a estas organizaciones cuántos profesionales de la salud hay en las cárceles de Mocoa (Putumayo), Titiribí (Antioquia), Roldanillo (Valle), y en la de mujeres de Pasto. Además, los datos deben ser mirados con lupa porque, en algunos penales, el personal de salud es contratado apenas por medio tiempo. Todo esto, según Cam López, vocero de Temblores, “demuestra que al interior de las cárceles no hay condiciones para tratar personas con complicaciones médicas, lo que los deja a su propia suerte”.

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Datos obtenidos por Fescol y Temblores ONG
Gráfico El Espectador

El tema se complejiza porque, además del Inpec, entran en juego otras dos entidades. En primer lugar, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que centraliza gran parte de la contratación de las cárceles. Esta, a su vez, subcontrata a la Fiduprevisora, para que administre los recursos de atención en salud de todos los presos de Colombia. Solo para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de mayo de este año, la Uspec le ha girado $18.365 millones a la fiduciaria, recursos que esta, a su vez, debe utilizar para contratar a las IPS que le prestan la atención a cada cárcel en terreno.

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El director del Inpec, general Norberto Mujica, señaló en un documento enviado a la Secretaría de la Cámara de Representantes el pasado 30 de abril —al que tuvo acceso a este diario— que en todo este proceso han persistido las “falencias” y denunció que, por eso, en cinco penales del país en este momento no hay un solo profesional médico. “Pese a los requerimientos que desde el inicio de la problemática ha realizado el director del Inpec a la directora de la Uspec y al Consorcio Fiduciario encargado de la prestación del servicio de salud de los, persisten las múltiples falencias que complejizan la atención oportuna y adecuada de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19”, dice el informe.

Una de las preocupaciones del director del Inpec es que en la cárcel de Villavicencio todavía “no hay servicio asistencial las 24 horas”. Según explicó a los congresistas en el informe, el personal médico “del área de sanidad del establecimiento debe ser independiente del grupo que asiste a los internos diagnosticados con COVID-19”. Sin embargo, a la fecha, “el médico que está prestando sus servicios de salud, lo hace por ocho horas y está dedicado exclusivamente a diligenciar toda la documentación que se necesita para hacer la toma de las muestras, lo cual implica que todas las demás necesidades de salud que se generan en el establecimiento queden sin ser atendidas”.

Asimismo, en cárceles como la de Zipaquirá (Cundinamarca) hay un retraso de 20 días en el pago de los salarios al personal médico; en por lo menos 30 prisiones aún no entregan elementos de protección y todavía 53 no cuentan con termómetros digitales. Incluso, el general Mujica denuncia en el documento que “en algunos casos los elementos entregados son de mala calidad, en otros la falta de capacitación y supervisión genera mal uso”. Por otro lado, los dos laboratorios contratados para practicarles las pruebas de COVID-19 a los internos, Colcan y Synlab, han reportado dificultades para tomar las muestras en las cárceles y transportarlas a sus instalaciones.

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La Uspec contrató, por $288 millones, la instalación de 30 carpas medicalizadas para aislar y atender a los internos que sean diagnosticados con coronavirus. Una de estas carpas, aseguró el director del Inpec, será instalada en Villaviencio. Asimismo, esta semana contrató la dotación de estas. La entidad desembolsó $500 millones para comprar de manera directa y bajo la modalidad de monto agotable —básicamente, lo que alcance con el presupuesto— camillas, termómetros digitales, fonendoscopios, básculas, canecas, equipos para tomar signos vitales y otros elementos básicos para la atención médica a la distribuidora Suministros y Dotaciones Colombia S. A.

Fuente:EL TIEMPO.

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