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Denuncia de mujer puede ser prueba aunque ella no declare en juicio

La Corte Suprema aclaró qué sucede cuando una víctima se niega a declarar en juicio por presiones.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una decisión muy importante para enfrentar la impunidad en materia de violencia de género. 

El alto tribunal estableció que las denuncias que se hacen cuando suceden estos hechos pueden ser tenidas en cuenta como pruebas de referencia en los juicios con el fin de conseguir una condena contra los victimarios.

Esto significa, en otras palabras, que aunque las mujeres se nieguen a declarar en el juicio, las versiones que dieron en sus denuncias sobre hechos de violencia pueden ser tenidas en cuenta como una prueba de valor para poder señalar la culpabilidad de su agresor.

Esto es de suma importancia en delitos que afectan principalmente a las mujeres, como el de violencia intrafamiliar, que el año pasado registró 28.277 casos en Medicina Legal; la violencia de pareja, con 49.026 casos: o la violencia sexual, con 26.158 registros.

El asunto es clave debido a que en ocasiones, por temor, amenazas, o presión, las víctimas no dan su testimonio en el juicio.

Uno de los casos más recientes fue el del bloguero Gustavo Rugeles, quien fue absuelto del delito de violencia intrafamiliar que se le había imputado en diciembre de 2017 por supuestamente golpear a su pareja, Marcela González Olaya.

El 27 de diciembre  González Olaya presentó la denuncia formal contra Rugeles Urbina, fecha en la que Medicina Legal determinó una incapacidad de 10 días para ella y para Rugeles. Sin embargo, ella se negó a declarar en el juicio por lo que el pasado 27 de agosto el juzgado 13 penal de conocimiento señaló que el despacho solo contaba con la declaración del patrullero que atendió el caso, y debido a las dudas lo absolvió.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia deja claro cómo deben ser abordadas las denuncias previas y en qué circunstancias se pueden tener en cuenta para condenar a una persona señalada de delitos sexuales o de violencia de género.

La Corte dijo que, por ley, la regla general es que en un proceso penal solo pueden valorarse los testimonios practicados en el juicio oral en donde haya inmediación, contradicción, confrontación y publicidad, es decir, donde puedan ser confrontados por el acusado. Esa es la razón por la cual las declaraciones por fuera del juicio no tienen el carácter de pruebas y solo se pueden tener en cuenta en situaciones excepcionales.

Esas circunstancias excepcionales son, entonces, el caso de una víctima de violencia de género que está siendo presionada, amenazada, o cuya libertad es coartada para no declarar en el juicio contra su agresor.

Es por eso que, cuando la víctima se niega a declarar en el juicio o, por ejemplo, acude a su derecho de no testificar contra sus familiares -cuando el agresor es su pareja o esposo- lo primero que deben valorar los fiscales y jueces es si la decisión de no testificar la tomó de forma libre y plena, o si por el contrario, actúa por amenazas o cualquier tipo de presión ilegal.

Esto significa que, según lo dicho por la Corte,  cuando una víctima denuncia pero luego en el juicio se niega a declarar, «el Estado tiene la obligación de constatar que ello obedezca a una decisión libre». Así, es un deber de la Fiscalía realizar sus investigaciones con perspectiva de género para corroborar el contexto y las razones que pudieron llevar a la víctima a no declarar en el juicio, con el fin de introducir en el proceso penal su denuncia como una prueba de referencia.

En todo caso, afirma la Corte, esta no puede ser la única prueba para condenar y se debe contar con otras evidencias complementarias que permitan darle mayor peso a la denuncia de la víctima. Aunque estos delitos ocurren generalmente en clandestinidad, la Fiscalía debe buscar todas las pruebas complementarias que sean posibles, como demostrar que no hay razones para que la víctima quiera perjudicar al procesado, demostrar el daño psicológico causado por el ataque sexual, testimonios de terceros, los exámenes médico-legales tras las agresiones, entre otras pruebas.

La Corte también asegura que si esas presiones o violencia son ejercidas por el procesado, esta persona no podrá invocar su derecho a la confrontación de la denuncia ya que «él mismo es el que está dando lugar a que el testigo no esté disponible».

Pero además, el fallo de la Corte también es importante porque establece que  en el caso en que no se pruebe que hubo presiones directas del investigado, se puede acudir a demostrar  que la decisión de no declarar en juicio tampoco es libre cuando en la víctima puede haber secuelas de maltrato, dependencia económica, emocional, o cualquier expresión de desequilibrio de poder o sometimiento que lleve a que no brinde su testimonio en el juicio. En esas circunstancias, las declaraciones anteriores al proceso penal también  pueden incorporarse como prueba de referencia.

En el caso en que se encuentre que la víctima libremente y sin presión de ningún tipo decidió no declarar, la Corte Suprema no señaló cuál debía ser el camino, pues esa situación no hizo parte del proceso que tuvo que valorar.

La importancia de las declaraciones por fuera del juicio

¿Por qué las declaraciones previas pueden ser usadas en el proceso panal? Según la Corte,  si hay una presión que le impide a una víctima declarar en el juicio y el contexto no es tenido en cuenta, esto podría afectar los derechos de la víctima a la administración de justicia. Así, esa situación podría llevar a «una nueva victimización en el ámbito judicial, totalmente ajena a las obligaciones contraídas por Colombia en materia de erradicación de toda forma de violencia en contra de las mujeres».

En este caso, entonces, judicialmente se puede acudir a lo dicho en el artículo 438 de la ley 906 de 2004, que habla de los eventos en los cuales no se puede escuchar a un testigo en el juicio porque ha sido víctima de delitos que impide que la prueba se practique de una forma regular, algo que aplica para las mujeres que son víctimas de amanazas o de presiones a su libertad para testificar.  

Un antecedente importante de la presión que sufren las mujeres en estos delitos es el relacionado con la ley del 2012 que sacó la violencia intrafamiliar del listado de delitos que eran querellables. En ese caso, la Corte Constitucional estudió una demanda contra esa norma en la que se indicaba que supuestamente la ley favorecía el encarcelamiento, la ruptura de la unidad familiar, y le quitaba a la víctima la posibilidad de desistir de la denuncia.

Pero la Corte Constitucional avaló la ley recordando que las víctimas de violencia suelen tener presiones que pueden afectarlas de forma física y psicológica, incluso llevar a que la misma víctima normalice ese estado de agresión, lo que se suma a los efectos negativos de la dependencia afectiva o económica, y el impacto que el encarcelamiento pueda tener en la manutención de los hijos, entre otras cosas.

En ese sentido, la ley del 2012 busca impedir que las secuelas del maltrato limiten el acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas.

Este antecedente es importante porque, dice la Corte Suprema, expone que esas mismas circunstancias que hacían que antes de esa norma las víctimas desistieran de su denuncia y prefirieran conciliar son las que pueden llevar a que ahora una víctima se niegue de declarar en el juicio.

El caso que evaluó la Corte

La Corte Suprema evaluó el caso de una mujer que denunció el 5 de febrero del 2016 a su compañero sentimental señalando que el día anterior, cuando ella le dijo que iba a abandonar su casa tras hechos sistemáticos de violencia, él la golpeó en la cara, la insultó y la amenazó. Ese mismo día, él le propuso que sostuvieran una última relación sexual a lo que ella se negó. Sin embargo, ante la negativa, el hombre la violó. 

Aunque ella hizo esa denuncia y él fue procesado por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, en el proceso penal la víctima se acogió a su derecho de no declarar en contra de su pareja y no testificó en el juicio.

Así, el acusado aseguró que se lo debía absolver ya que la denuncia de su expareja era una declaración anterior al juicio, que solo constituía una prueba que según él no tenía valor demostrativo para condenarlo.

Pero la Corte concluyó que sí se podía tener en cuenta esa declaración previa que, además, fue acompañada en el juicio con cuatro pruebas distintas: el documento de denuncia judicial, el testimonio del investigador que recibió la declaración de la víctima, un informe ejecutivo en el que se consigna lo dicho por la denunciante, y el examen del médico legista. También fue acompañada por testimonios de personas cercanas a la pareja, de una hija de la víctima y de un psiquiatra.

La Corte aseguró que la relación entre ella y su compañero «estuvo siempre cruzada por un fenómeno sistemático de violencia» que le impedía a ella no solo realizar sus actividades cotidianas, sino también su sexualidad. Así lo confirmaron, por ejemplo, varios testigos que narraron cómo era esa relación de sometimiento.

Además, desde el mismo momento de denuncia la víctima dejó ver el temor que sentía no solo por la violencia ejercida sino también por la profunda dependencia económica que ella y sus hijos tenían de su compañero permanente. 

Aunque la Corte señala que la Fiscalía General no constató esas circunstancias, afirma que del contexto evaluado un juzgado puede inferir sin mayor esfuerzo «que el ejercicio de la dispensa constitucional de no declarar por parte de la víctima se debió al mismo fenómeno de sujeción y sometimiento al victimario».

Así, teniendo en cuenta la denuncia de la víctima y las demás pruebas que corroboraron su testimonio en el juicio, la Corte Suprema condenó al hombre a 17 años y medio de prisión.

 

Fuente: El Tiempo

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