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26 gobernadores y 67 alcaldes, con alertas por contratos de covid-19

Así lo aseguró la Contraloría General, que ya abrió dos procesos fiscales.

Al hacer un balance sobre sus investigaciones y alertas por los contratos que se están desarrollando en los entes territoriales, en medio de la pandemia de coronavirus, la Contraloría aseguró que, a la fecha, les ha lanzado alertas a 26 gobernaciones y a 67 alcaldías por presuntos sobrecostos o ambigüedades en sus contratos. 

El contralor general Carlos Felipe Córdoba aseguró ante la plenaria del Senado que, en cumplimiento del acto legislativo 04 del 2019 que le permitió al organismo aplicar el control preventivo, están poniendo la lupa y lanzado advertencias sobre las contrataciones para atender la emergencia.

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Así, dijo, la Contraloría también también ha abierto dos procesos fiscales por un presunto detrimento de 2.246 millones en contratos de kits de alimentos, uno de ellos es en Sincelejo, y el otro involucra al gobernador de Arauca. En esos casos, la Contraloría decretó embargos. 

También se han aplicado medidas cautelares sobre otros tres gobernadores.

Además, el contralor Córdoba aseguró que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelante 21 indagaciones preliminares por una suma superior a los 50.000 millones de pesos. Siete de esos casos están en reparto para poder abrir un proceso de responsabilidad fiscal.

En la Contraloría Delegada para la Responsabildiad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo hay 12 indagaciones preliminares. También hay tres procesos en las gerencias departamentales de Antioquia, Boyacá y Casanare.

Además, el contralor ha expedido 22 resoluciones para ordenar la intervención de 132 contratos que superan los 297.755 millones de pesos.

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«Esto implica que la Contraloría General de la República ha desplazado en sus competencias a las respectivas Contralorías Territoriales, con el fin de iniciar actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otro ejercicio de control que resulte idóneo para esclarecer los hechos relacionados», dijo el organismo.

Concentración de créditos de Finagro

Córdoba también dijo que otra de las  alertas de Contraloría estuvo relacionado con la concentración de créditos de Finagro, subsidiados para el agro. Según la Contraloría, se encontró que de los 226.000 millones colocados en la línea de crédito hasta el 8 de abril, 213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales; 8.300 millones han ido para medianos y solo 4.200 millones para pequeños productores.

También dijo que de los 226.000 millones, 196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.

Con corte al 23 de abril, dice la Contraloría, Finagro ha desembolsado créditos por 224.502 millones de pesos. Y advirtió «La línea no fue focalizada por productos, regiones y en pequeños productores para atender la situación de emergencia y contribuir con la producción y con la sostenibilidad alimentaria».

También señaló ante el Congreso que los primeros recursos se aprobaron a grandes clientes de los bancos por 213.566 millones de pesos, «sin ningún control de su urgencia y verificación de su destino, y ninguna de las línea de colocación fue la de producción». Incluso, se han destinado 2.000 millones para floricultores, dijo la Contraloría.

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Otro advertencia de la Contraloría es que la línea de crédito se colocó por demanda, «sin gestión de Finagro, ni políticas claras». Así, asegura el organismo, el 32,5 por ciento de los recursos se concentraron en Bogotá en actividades no productivas, y en cinco departamentos que, sumados, representan el 73 % de los créditos aprobados.

«La Contraloría ha encontrado entonces que carece de controles en su colocación, de tal manera que puede acceder a la misma cualquier persona que no se encuentre afectada de manera directa por la emergencia», dijo el organismo.

La Contraloría ha encontrado que carece de controles en su colocación, de tal manera que puede acceder a la misma cualquier persona que no se encuentre afectada de manera directa por la emergencia

También criticó que este plan no tenga ningún indicador de efectividad para medir su impacto en la producción agropecuaria, especialmente en alimentos, ni en la generación o mantenimiento de empleos.

Según la Contraloría, después de sus alertas, se han cancelado operaciones por 58.753 millones de pesos en créditos devueltos, lo que equivale a 1.764 millones en subsidios. «Finagro, mediante circular reglamentaria del 24 de abril, cerró el acceso de los Grandes Productores a todos los segmentos de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce», aseguró.

Otros seguimientos 

La Contraloría aseguró que también está haciendo seguimiento sobre el traslado de pensionados que reciben un salario mínimo de fondos privados a Colpensiones. Dijo que vigilará que, efectivamente, esos traslados «se encuentren financiados». Así se verificará que los fondos privados giren a Colpensiones los recursos para pagar las mesadas.

También se está evaluando la entrega de 18.000 ayudas que hizo la Unidad para la Gestión del riesgo de Desastre en Magdalena, Atlántico y Bolívar, así como la entrega de 150.000 ayudas en Bogotá, y 50.000 ayudas en Soacha.

Fuente:EL TIEMPO.

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